El defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán.

El defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, pidió hoy en el Congreso de los Diputados mejoras en los procedimientos de inmovilización de internos en las prisiones y que se evite el empleo de esta medida coercitiva siempre que se pueda.

Fernández Marugán intervino por primera vez como defensor en funciones ante la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Defensor del Pueblo, y a petición del PSOE presentó un informe sobre las sujeciones corporales que se realizan en los centros de privación de libertad en España en casos de riesgo de la integridad de los internos o los funcionarios. El Defensor del Pueblo ha elaborado este estudio en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura (MNP).

El informe es el resultado de visitas monográficas a siete cárceles que han realizado expertos de la defensoría, y en él se advierte de un uso excesivo de estas inmovilizaciones, así como de fallos en el estado de los instrumentos de sujeción, en la supervisión médica y en la información al juez de vigilancia penitenciaria sobre la aplicación de la medida.

El Defensor pide que las inmovilizaciones se apliquen "excepcionalmente", porque su uso "de modo habitual y rutinario, por ejemplo tras autolesiones de los internos, se encuentra en contradicción con el Reglamento Penitenciario".

El informe reclama que se usen correas y no esposas metálicas, porque éstas deben reservarse para traslados o sujeciones de escasa duración, y que se prohíba la inmovilización de internos con trastorno mental grave, por el elevado riesgo de que el aislamiento desencadene crisis psicóticas o descompensaciones de trastornos preexistentes.

También pide que las inmovilizaciones duren el tiempo mínimo imprescindible y que se impartan cursos de formación específica a los funcionarios respecto a la metodología adecuada para realizar las sujeciones mecánicas.

INFORMACIÓN AL JUEZ

El Defensor también ve necesario que la inmovilización sea complementada con un sistema de videovigilancia que permita la grabación de las imágenes y sonidos habidos durante el tiempo de la sujeción, y que esas grabaciones se conserven durante seis meses.

La comunicación al juez de vigilancia penitenciaria del inicio y cese de la aplicación de medios coercitivos ha de tener lugar con carácter inmediato, en opinión del Defensor, no transcurridos varios días e incluso semanas después de los hechos.

El Gobierno ya le ha contestado al Defensor sobre algunas de las peticiones que hace en el informe, según explicó Fernández Marugán. El Ministerio del Interior le ha dicho que está trabajando en un proyecto de reforma de la ley penitenciaria para que se empleen correas de sujeción y no esposas en la inmovilización.

El Gobierno también se ha mostrado dispuesto a mejorar la formación de los funcionarios y la grabación y conservación durante seis meses de las imágenes de la inmovilización. En cambio, Instituciones Penitenciarias dice que no puede asumir la petición del Defensor de que haya asistencia médica presencial en las cárceles durante 24 horas porque carece de recursos para ello, dijo Marugán.

El defensor en funciones señaló que el objetivo deseado sería un uso "cero" de las inmovilizaciones, porque se trata de una medida "dura" y, como dijo el escritor ruso Dostoievski, "el grado de civilización de una sociedad se mide por el trato que da a sus presos".