Carmen Hoyos, médico de la prisión de Cáceres: «En asistencia sanitaria se está discriminando a los reclusos»
EL DERECHO PENITENCIARIO
9 ENERO 2017
Carmen Hoyos, médico de la prisión de Cáceres.
«Cuando una persona ingresa en prisión se para el historial clínico, porque el personal sanitario que le atiende depende del Ministerio del Interior y no tenemos acceso a su historial. Es un sinsentido, porque tenemos que recurrir a los amigos médicos para saber si es cierta, por ejemplo, una enfermedad que un recluso dice que ha tenido, o para saber cómo se le ha tratado. En asistencia sanitaria se está discriminando a los reclusos», afirma Carmen Hoyos, médico del centro penitenciario de Cáceres, responsable nacional de Sanidad Penitenciaria de la Organización Médica Colegial y vocal del Colegio de Médicos de Cáceres.
Para Carmen Hoyos no es lógico que la asistencia médica en las prisiones dependa de el Ministerio del Interior y no de las Consejerías de Sanidad de cada comunidad autónoma, sobre todo cuando la población reclusa suele tener bastantes problemas de salud, ya que en un alto porcentaje, un 76%, proceden de la droga. «Según consta en la memoria de Instituciones Penitenciarias de 2015, - destaca la doctora Hoyos -, hay una prevalencia de infección por el VHC del 19,5%, de infección por el VIH del 5,4%, de los que el 87% están coinfectados por el VHC. Tienen una enfermedad tuberculosa 1,4 de cada mil internos, y una enfermedad mental en relación con el consumo de drogas entre un 8,8 al 12,1 por ciento».
El colectivo de sanitarios penitenciarios llevan desde que organizaron su primer congreso nacional, en 1993, recordando que se está incumpliendo la Ley General de Sanidad de 1986, que aseguraba que se iba a «armonizar y refundir la sanidad penitenciaria con el resto de la red pública». También han denunciado que se incumple la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003, que ordenaba la transferencia de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas y su integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud en un plazo de 18 meses.
Esa orden sólo se ha materializado en dos comunidades autónomas, en el año 2010 en Cataluña y en el año 2011 en el País Vasco. Recientemente el Senado y el Congreso han aprobado, por unanimidad, una moción con el fin de transferir las competencias en materia de sanidad penitenciaria.
Carmen Hoyos señala que el actual ministro de Interior es partidario de las trasferencias y que en el caso de Extremadura, parece que se están dando los pasos necesarios, «creemos que falta poco para que sea una realidad en Extremadura, sólo que la Consejería de Sanidad se ponga en la tarea de hacerlo».
Las transferencias afectarían en Extremadura a un colectivo de sanitarios penitenciarios que está constituido por 13 médicos (5 en Cáceres), 13 enfermeros (6 en Cáceres) y 7 auxiliares de clínica (4 en Cáceres). En Extremadura hay un centro penitenciario en cada capital de provincia.
El pasar a depender de las consejerías de salud, supondría una mejora económica en el personal sanitario penitenciario; pero Carmen Hoyos recalca que lo más importante es mejorar la asistencia sanitaria de la población privada de libertad.
