Hacienda y los sindicatos cierran la subida salarial de los funcionarios


EL DERECHO PENITENCIARIO
9 MARZO 2018

Celdas de El Dueso, en Santoña (Cantabria). Foto Celedonio D. Montañés.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y los representantes sindicales de CSIF, CC.OO. y UGT han alcanzado este viernes un acuerdo que incluye una subida salarial para los empleados públicos de entre el 6,1% y hasta el 8,79% (en el mejor de los escenarios) durante el trienio 2018-2020, así como diversas mejoras laborales, según fuentes sindicales. El pacto recupera la capacidad de negociación de las 35 horas, la prestación del 100% del salario en casos de baja por enfermedad y el desarrollo de planes de igualdad y formación para los funcionarios.

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    El acuerdo, que será rubricado este mismo viernes en la sede del Ministerio de Hacienda, se incorporará al proyecto de Presupuestos del Estado para el 2018 que el Gobierno prevé aprobar el día 23 de marzo.

    Desde el punto de vista sindical este acuerdo supone "el inicio de la recuperación de los derechos arrebatados a tres millones de empleadas y empleados públicos, pero seguiremos exigiendo y movilizándonos para recuperar absolutamente todo lo que han perdido con la excusa de la crisis”, según CCOO.

    Subida de hasta el 8,8% para los funcionarios

    Concretamente, el acuerdo recoge una subida salarial fija para los funcionarios del 1,75% para 2018, del 2,25% para 2019 y del 2% para 2020, a la que se sumaría otra parte variable ligada a la evolución del PIB. Esta parte variable podría aportar, si se cumple la previsión de crecimiento del Gobierno, un alza adicional de hasta el 0,25% en 2019 y de hasta el 1% en 2020.

    A esto hay que añadirle un 0,75% de fondos adicionales garantizados para el conjunto de los tres años. Para CCOO, esta partida de fondos adicionales se podría destinar, entre otros, a eliminar la brecha salarial entre mujeres y hombres y subir los salarios más bajos. En cualquier caso, será objeto de negociación colectiva.

    Así, en el 2018, la subida será de un 1,75%, más un 0,20% de fondos adicionales. En 2019 un 2,25%, más un 0,25% variable en función del PIB, más un 0,25% de fondos adicionales. Para 2020, un 2%, más un variable del 1% en función del PIB, más un 0,3% de fondos adicionales. Si se cumple el objetivo de déficit en 2020, habrá una prima final del 0,55%.

    Al final del acuerdo, los empleados públicos tendrían una subida de 8,79% de salario, lo que permitiría recuperar casi cinco puntos y medio del poder de compra perdido durante los años de crisis, según los cálculos de UGT.

    Creación de empleo

    El acuerdo también conllevará creación de empleo neto, estableciéndose tasas de reposición superiores al 100% en casi todos los sectores y servicios prioritarios. Esto significa que a la plantilla de estos sectores se incorporará más personal del que se jubile. En la reunión del pasado lunes ya se acordó que la tasa de reposición se sitúe por encima del 100% en el caso de la policía local.

    Así, el acuerdo supone reforzar el suscrito en marzo del año pasado, con lo que se universalizará el proceso de estabilización y permitirá rebajar la temporalidad en el ámbito de las administraciones públicas al 8% en el periodo 2018-2020, así como la creación de nuevo empleo público.

    Las 35 horas

    Según UGT, el acuerdo permitirá mediante la negociación en cada ámbito concreto, acordar calendarios laborales que maticen y flexibilicen las 37,30 horas. Así se podrá negociar recuperar la jornada de 35 horas semanales (18 horas lectivas en la Educación) en aquellas administraciones que cumplan los objetivos de estabilidad fijados por Hacienda.

    La jornada de 35 horas se prohibió de manera expresa en 2012, a través del decreto sobre la Función Pública y ha sido objeto de recursos por parte del Estado contra comunidades autónomas que las autorizaron, como Andalucía o Castilla-La Mancha.

    Una vez que se formalice el acuerdo entre Gobierno y sindicatos, cada administración pública podrá establecer a través de la negociación colectiva esta jornada, siempre y cuando en el ejercicio presupuestario anterior se hubieran cumplido los objetivos en materia de estabilidad presupuestaria.

    Conciliación familiar

    De igual forma, se podrán negociar mejoras en materia de jornada laboral para favorecer la conciliación laboral. El colectivo de 2,5 millones de empleados de las administraciones podrá disponer de una bolsa de horas de libre disposición acumulables para favorecer la conciliación familiar y laboral.

    En detalle, el acuerdo contempla que las administraciones públicas regulen una bolsa de horas, equivalentes a 11 días anuales, que serán recuperables en el periodo de tiempo que se determine para tareas de conciliación destinadas al cuidado de familiares. Los empleados públicos también tendrán la posibilidad de acogerse a un plan concreto de jornada continua para el cuidado de hijos menores de 12 años o con discapacidad.

    Incapacidad temporal

    Además, mediante la negociación, se podrá volver a restituir el 100% de las retribuciones cuando se está en situación de baja por enfermedad. Para logralo se podrá negociar en cada administración un complemento retributivo sobre la prestación de la Seguridad Social en materia de incapacidad temporal hasta alcanzar el 100% de las retribuciones que se perciben habitualmente, siempre que se justifique la ausencia mediante el correspondiente parte de baja o establecer catálogos de contingencias.

    Reacciones sindicales

    Desde CSIF han destacado que este paquete de medidas supone "un punto y aparte" sobre uno de los periodos más duros que han vivido los empleados públicos, a quienes se les bajó el sueldo en 2010 y se les deterioraron las condiciones laborales con el decreto de recortes de 2012, informa Europa Press.

    Por su parte, el coordinador del Área Pública de CC.OO., Pepe Fernández, cree que el acuerdo alcanzado entre las organizaciones sindicales y el Ministerio de Hacienda es "un buen acuerdo".

    Por su parte, el secretario general de la Federación de Empleados Públicos de UGT (FeSP-UHT), Julio Lacuerda, ha recordado que durante los años de la crisis los funcionarios perdieron un 13,1% de poder adquisitivo.

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