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Destituido el director de Murcia II, Felipe Burgos |
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EL DERECHO PENITENCIARIO
Información El PAIS sobre el cese: EL PAIS - OSCAR LOPEZ FONSECA El Ministerio del Interior ha comunicado este miércoles su cese al director del Centro Penitenciario de Campos del Río (Murcia II), Felipe José Burgos Fernández, por el suicidio, el pasado mes de febrero, de un recluso de esta prisión. La decisión, que firma el subsecretario del departamento, Luis Aguilera, se produce un mes después de que el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Mula (Murcia), Juan Ignacio Martínez Aroca, abriera diligencias previas por aquella muerte y citara a declarar como investigado al director de la cárcel. Otra magistrada, en este caso la titular del Juzgado único de Vigilancia Penitenciaria de la región, Carmen Orenes, había dictado en marzo un auto en el que ya consideraba que el máximo responsable de la prisión ahora cesado había "omitido" los protocolos para evitar que el interno, con antecedentes por autolesiones, pudiera quitarse la vida. La orden, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, se limita a recoger el cese "discrecional" y las distintas disposiciones legales que permiten el mismo dada la condición de alto cargo de "libre designación" de los directores de los centros penitenciarios dependientes de Interior, sin recoger los motivos finales del relevo. En el texto también solo se añade que Felipe José Burgos, en su condición de funcionario, "quedará a disposición del delegado del Gobierno de la Comunidad de Murcia". La decisión del ministerio ha sido acogida con satisfacción por el sindicato ACAIP, el mayoritario en Instituciones Penitenciarias y que en su día presentó una denuncia ante el juzgado por el suicidio del recluso que ha provocó la imputación. Sin embargo, José Luis Pascual, su presidente, la califica de "incompleta" al considerar que también debe ser cesado el actual máximo responsable de Prisiones, Ángel Yuste, por "haber mantenido durante todos estos meses en su puesto al presunto culpable de un hecho gravísimo". En este sentido, Pascual recalca que es "significativo" que la decisión haya sido tomado por el subsecretario después de que su sindicato remitiera un burofax a Interior "ante la inacción de Yuste". Los hechos por los que se han provocado este miércoles el cese se remontan al 7 de febrero. Ese día, los funcionarios descubrieron el cadáver de Miguel Cabrera Castilla en su celda del módulo de aislamiento. El recluso había sido trasladado allí seis días antes a petición propia tras haber recibido amenazas de otro interno por ?deudas de heroína?, según recogía el escrito que él mismo remitió para ello. El mismo día de su aislamiento presentó un segundo texto, en este caso para ser reintegrado a un módulo ordinario, pero este nunca obtuvo respuesta y permaneció recluido en la celda individual, en la que finalmente se ahorcó. Tras tomar declaración a seis internos y dos funcionarios, y recabar documentación, la juez de Vigilancia Penitenciaria consideró que se habían producido numerosas irregularidades tanto en el traslado del recluso al módulo de aislamiento como en la decisión de no atender su posterior petición de salir. En aquel auto, la magistrada recalcaba que el director de la cárcel acordó el aislamiento del preso ?sin recabar previamente informe médico ni psicológico? sobre el recluso, que tampoco fue visitado por el doctor, ni el psicólogo ni el educador del centro durante los días que estuvo en el módulo, como determina una instrucción de Instituciones Penitenciarias de 2014. Por todo ello, la juez concluía que el director ?omitió? los protocolos a pesar de que sabía que Miguel Cabrera había estado incluido en el Programa de Prevención de Suicidios (PPS) tras haber protagonizado un intento de suicidio el 19 de abril de 2016 que obligó a su ingreso en un hospital, y que el día antes de su traslado a aislamiento se había provocado heridas. Por todo ello, la juez, con el apoyo de la fiscalía, decidió deducir testimonio de estos hechos y enviarlos a los juzgados de Mula. El pasado 15 de junio, el juez Martínez Aroca abrió diligencias previas y citó como investigado a Felipe José Burgos para noviembre. En octubre declarará José Luis Pascual, representante de ACAIP, sindicato que presentó la denuncia.
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