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EL DERECHO PENITENCIARIO - AURELIO CRESPO
26 DICIEMBRE 2017
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Myriam Tapia Ortiz, subdirectora general de Penas y Medidas Alternativas, en la inauguración de la nueva prisión de Ceuta. |
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Las penas y medidas alternativas a la prisión alcanzaron durante 2016 un total de 87.872 condenas. Esta es la cifra de resoluciones judiciales que Instituciones Penitenciarias recibió el año pasado para ejecutar por medio de convenios y acuerdos con administraciones públicas, ong,s y otras entidades.
La Subdirección General de Penas y Medidas Alternativas, cuya responsable es Myriam Tapia Ortiz, gestiona las penas alternativas que imponen los jueces en España. Cataluña y el País Vasco son las dos únicas autonomías que se encargan con sus propios medios de estas penas. La única comunidad autónoma que tiene transferidas hasta ahora las competencias de prisiones es Cataluña. En Euskadi, el Gobierno vaso también se ocupa de estas penas, pero a través de un acuerdo con el Ministerio del Interior.
Estas 87.872 condenas -no figuran los datos de Cataluña y País Vasco- a penas alternativas suponen un importante volumen de trabajo en el que colabora e interviene una amplia red de ong,s y entidades de todo tipo. Instituciones Penitenciarias dedica para este cometido a 471 funcionarios: psicólogos (59), trabajadores sociales (85), administrativos (139), directores de programas (25), verificadores de cumplimientos (72) y jefes de servicio (51).
El trabajo en beneficio de la comunidad es la estrella de las penas alternativas. En 2016 el departamento de Myriam Tapia Ortiz recibió 77.873 condenas de este tipo. Los delitos de seguridad vial (29.443) y de violencia de género (20.171) suponen prácticamente la mitad de condenas. A mayor distancia figuran los delitos de lesiones (8.328) y contra el patrimonio (10.870).
Otro dato llamativo es que son los hombres quienes mayoritariamente cometen este tipo de delitos (74.589), frente a solo 8.448 mujeres.
Las suspensiones y sustituciones de condena también son gestionados por el área de Myriam Tapia Ortiz. El aumento de suspensiones y sustituciones ha sido constante en los últimos años, como consecuencia, fundamentalmente, de las reformas operadas en materia de protección a la mujer.
Durante el año pasado se recibieron en Instituciones Penitenciarias 9.996 suspensiones y sustituciones de condena. Los delitos que originan están resoluciones judiciales siguen estando relacionados, en su mayoría, con la violencia de género (6.019), seguidos por delitos contra el patrimonio (1.136), lesiones (671) y la seguridad vial (400).
Consentimiento del penado
Los trabajos en beneficio de la comunidad, que no podrán imponerse sin el consentimiento del penado, según indica el Código Penal, obligan a las personas condenadas a esta pena a prestar su cooperación no retribuida en actividades de utilidad pública.
Podrán consistir, recoge el Código Penal, en labores de reparación de los daños causados o de apoyo o asistencia a las víctimas, así como en la participación del penado en talleres y programas formativos, laborales, culturales, educación vial, sexual y otros similares. Su duración diaria no podrá exceder de ocho horas y se desarrollará bajo el control del Juez de Vigilancia Penitenciaria.
Instituciones Penitenciarias destaca como ventaja de este tipo de penas que se combate la pasividad del infractor penal. "Uno de los conflictos que enfrentan a la sociedad respecto a quienes cometen una infracción penal es precisamente el de considerar a estas personas una "carga social". Los trabajos en beneficio de la comunidad atacan frontalmente esta premisa. Ya no se es "carga" sino trabajador al servicio de otros".
Se pasa, según Instituciones Penitenciarias, de una situación pasiva a una situación "activa, no ociosa", respecto a la sanción penal impuesta.
Otro aspecto reseñable es que es una medida igualitaria, dice Instituciones Penitenciarias. "Frente a otras sanciones penales -por ejemplo la multa-, las personas que cumplen trabajo en beneficio de la comunidad no dependen de su capacidad económica".
Se cumplen en libertad, "evitando la ruptura con la vida familiar, laboral y social del penado". Asimismo, añade Instituciones Penitenciarias, se promocionan valores como la solidaridad, la responsabilidad y el bien común.
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