EL DERECHO PENITENCIARIO
6 OCTUBRE 2017
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Funcionarios de la prisión de Ceuta. |
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El concurso de traslados se resuelve el martes 10 de octubre. Los miembros que integran la comisión de valoración han sido
citados a las 11 de la mañana con el fin de aprobar la adjudicación de las plazas y cerrar de forma definitiva el concurso.
La adjudicación de las plazas permitirá abrir los nuevos centros penitenciarios de Málaga II y Ceuta, que ha originado numerosas quejas de los funcionarios por falta de información. En Ceuta,
cinco sindicatos comparecieron este jueves para denunciar el "mutismo, la opacidad y la falta de información" que se tiene
sobre la puesta en funcionamiento del nuevo centro penitenciario.
Así, José María Raya (APFP), Agustina Frontaura (CCOO), Mohamed Haidor (UGT), José Luis Borra (CSI-F) y Guillermo González
(ACAIP), aseguraron desconocer cuantos funcionarios se destinarán para incrementar la plantilla actual existente en Ceuta,
cuantos módulos, de los 14 existentes, se abrirán de la nueva cárcel, o el número de internos que se atenderán, poniendo de
manifiesto que la información que se está ofreciendo es "imprecisa, parcial y sesgada", desconociéndose, hoy por hoy, cómo se
va a proceder a la apertura del centro nuevo.
"La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias está en la política del hoy, sin ningún tipo de previsión y tomando
decisiones sobre la marcha con posturas improvisadas, no teniendo nada claro una hoja de ruta para un proyecto tan
importante, sobre todo para la ciudad, como es la apertura de este nuevo centro penitenciario", destacaban los representantes
sindicales.
Enlace a la
noticia completa publicada por El Pueblo de Ceuta
Todo lo publicado por EL PUEBLO hace dos semanas era reafirmado este jueves por los cinco sindicatos comparecientes, que
denunciaron la falta de una Relación de Puestos de Trabajo propia del nuevo centro ya que la intención es la de realizar tan
sólo una ampliación de la actual RPT, lo que implicaría "incumplir el compromiso adquirido por el delegado del Gobierno de
traer hasta la nueva cárcel a unos doscientos funcionarios nuevos, que la carga de trabajo sea mayor, y un tremendo
despilfarro de dinero público en la construcción de una macrocárcel que al final se abrirá con los mismos presos y la misma
plantilla existente en Los Rosales".
Además critican que el nuevo centro penitenciario se quiere abrir sin la categoría que le corresponde legalmente, que sería
la de ?1.1 Insular?, que es la máxima categoría, tan sólo por debajo de la especial y que hoy por hoy poseen las cárceles de
Las Palmas de Gran Canaria, Palma de Mallorca y Santa Cruz de Tenerife. Las centrales sindicales consideran que esta sería
legalmente la categoría del nuevo centro penitenciario al cumplir todos los requisitos que se exigen para ello como son los
requisitos de capacidad y los requisitos de disponer de un módulo de régimen cerrado. Igualmente se ha indicado que al no
aplicársele la categoría que le corresponde, eso supondrá un agravio salarial para los trabajadores del nuevo centro.
Los representantes sindicales han indicado igualmente, que si se abriera al 100% las instalaciones de la nueva cárcel y se
estableciera una RPT acorde a la misma, "contaríamos con muchos más proveedores, con un mayor movimiento, con muchos más
funcionarios, y en resumidas cuentas, tanto para los trabajadores como para la población reclusa, como también para el
conjunto de la sociedad caballa supondría un importante avance porque se produciría un importante movimiento de dinero, que
de esta forma no ocurrirá".
Hoy por hoy el centro penitenciario de Los Rosales cuenta con 138 trabajadores y la población reclusa se sitúa por debajo de
los 200 internos. En este sentido, los sindicalistas también denunciaban que esos 138 trabajadores que integran la plantilla
del centro penitenciarios ya son "deficitarios" en relación al número de trabajadores con los que tendría que contar la
Cárcel de Los Rosales en cuanto a su RPT, de ahí que teman que una vez se abra el nuevo centro penitenciario, a ese déficit
de personal se le tenga que sumar el generado por dicha apertura, considerándose igualmente que al no redactarse la nueva
RPT, que los sindicatos estiman en aproximadamente unos 400 puestos de trabajo para la nueva cárcel, se vería ?cercenada? la
carrera profesional de los trabajadores de este nuevo centro.
Los sindicatos también han criticado la "falta de tacto" que la Administración General del Estado tiene para con sus
funcionarios, poniendo como ejemplo el ?abandono que están sufriendo los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil
desplazados a Cataluña?. En este sentido, los sindicatos consideraban que ?los funcionarios públicos de la Administración
General del Estado somos el Lucifer hecho persona?.
Por ello, instaban a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a facilitar a los funcionarios de Ceuta un
calendario en torno a la apertura de la nueva cárcel para saber a qué atenerse, además de acusarla de incumplir la ley
orgánica general penitenciaria, al recordar que la misma establece que los internos deben cumplir sus penas lo más cerca
posible de su lugar de residencia o de nacimiento, alertando que si realmente se abre la nueva cárcel con sólo dos módulos,
ni siquiera los presos ceutíes podrán estar internos en la ciudad, recordando que aproximadamente son unos 400 internos
ceutíes los que se encuentran presos en cárceles de la península.
Los representantes sindicales también han considerado que el tamaño de la nueva prisión es "excesivo" para Ceuta, y han
criticado que al ser un centro totalmente informatizado, no se haya preparado un proceso de adaptación y formación de los
profesionales, funcionarios y laborales que conforman la actual plantilla del centro penitenciario Los Rosales, con el fin de
capacitar a la plantilla para el manejo de estas nuevas tecnologías, no en vano, reconocían que ni siquiera conocen las
nuevas instalaciones, "se nos ponen todo tipo de zancaillas para conocer lo que va a ser nuestro centro de trabajo en los
próximos años".
Finalmente, otra de las cuestiones denunciada por los sindicatos fue la seguridad exterior de la prisión, recordando que la
Ley Orgánica General Penitenciaria esta seguridad exterior debe ser realizada por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado. Una vez matizada esta cuestión, se denunciaba que a día de hoy, "aquí en Ceuta no hay ni la Policía Nacional, ni la
Guardia Civil suficientes para hacerse cargo de la seguridad exterior de la prisión", temiéndose que esos puestos y
"siguiendo la línea de privatización del Gobierno, sean cubiertos por vigilantes de compañías privadas de seguridad", tal y
como indicaron que ya viene sucediendo en Ceuta pese a suponer un gasto mayor.
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